El Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería ha presentado esta semana el macroestudio "El Futuro de La Sanidad Pública", un trabajo de investigación de la opinión pública que, tal y como adelantan los expertos que han participado en su elaboración, va a revolucionar la campaña electoral a las Elecciones Generales de 2011.
Se trata de un estudio que recoge lo que piensan, perciben, temen y sienten los ciudadanos ante todo lo que sucede, está aconteciendo o leen respecto al Sistema Nacional de Salud y las dudas sobre su sostenibilidad. Para desarrollar el estudio se han realizado un total de 1.200 entrevistas a la población mayor de 16 años y se han cubierto las 17 Comunidades Autónomas, obteniendo un nivel de confianza del 95,5% y un error del ±2,89% para el total muestra.
El estudio, que ha sido presentado por el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y el director del estudio, José María Sansegundo, pone de manifiesto que los ciudadanos son muy conscientes de la situación crítica que atraviesa en la actualidad el Sistema Nacional de Salud.
Según los resultados, el 86,6% de la población entiende que los problemas económicos son graves (56,1%) o muy graves (30,5%). Asimismo, el 64,2% está plenamente convencido de que éstos se van a incrementar en los próximos meses, aunque cabe recalcar que, hoy por hoy, sólo el 31,4% de la población ha percibido alguna deficiencia en la atención sanitaria atribuible a estos. En cuanto a la evolución de la sanidad, los ciudadanos perciben claras mejoras en aspectos como la preparación de médicos o enfermeros, los medios disponibles y la atención recibida. Sin embargo, reciben un suspenso claro la gestión, las listas de espera y la financiación del sistema.
Preguntados por los posibles orígenes de los problemas que arrastra la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, los ciudadanos consideran que (con una nota de 1 a 10, de menos a más influencia) las principales causas son la crisis económica general (7,76), el abuso de algunos usuarios o pacientes (7,12), la mala gestión de sanidad pública (7,03), el envejecimiento de la población (6,34), y el incremento del coste de determinados tratamientos (6,20).
Respecto a quien debería asumir el coste, desde un punto de vista económico, de las medidas necesarias para sacar adelante la Sanidad de sus actuales problemas, el 79% de la población opina que debería hacerlo el Estado y sin restricciones, aunque esto suponga más endeudamiento, porque entienden que se trata de un servicio esencial.
Medidas concretas para salvar el SNS
A pesar de que la mayoría entiende que es el Estado quien debe asumir el coste de la sostenibilidad de la Sanidad, los ciudadanos han opinado también sobre las posibles medidas enumeradas por los expertos y políticos en los últimos años como posibles soluciones a adoptar para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A este respecto se puede señalar lo siguiente:
- El 68,3% ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, mientras que 31,2% lo rechaza de forma taxativa.
- El 66,1% de la población está dispuesto a aceptar que se busquen vías para frenar el gasto como el pago por algunos servicios.
- El 66,8% ve adecuado o muy adecuado que se introduzca formulas de gestión privada siempre y cuando se siga manteniendo la sanidad pública como gratuita para todos.
- El 60,1% de los ciudadanos aceptaría que el Estado, de forma similar a como ocurre con los funcionarios y el modelo MUFACE, permita elegir entre sanidad pública o privada.
De los resultados obtenidos en el estudio, llama especialmente la atención el hecho de que ascienda a casi el 70% (concretamente el 69,8%) el porcentaje de los ciudadanos que preferirían que el Estado recuperase todas las competencias en materia sanitaria, un hecho que podría venir a poner de manifiesto una creciente desconfianza en la actual gestión que están llevando a cabo las consejerías.
Copago, ticket disuasorio y otras "soluciones"
El Estudio del Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería no ha obviado la posibilidad de preguntar a los ciudadanos también sobre las soluciones menos impopulares planteadas en los últimos años. En este sentido, cabe señalar que la medida más aceptada de todas sería la posibilidad de establecer un copago creciente en función de la renta. En este apartado, los resultados han sido los siguientes:
- El 54,8% de la población vería adecuada o muy adecuada la posibilidad de establecer un ticket disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios. Una medida que el 51% de los encuestados considera que sería muy eficaz pero que el 77,2% cree no que no sería socialmente aceptada.
- El 66,2% de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas.
- El 63,5% de los ciudadanos aceptaría que se estableciese un copago creciente en función de la renta.
Una medida que el 50,8% entiende que va a ser necesaria en los próximos años y el 48,6% la ve justa, aunque el 73% entiende que no está todavía socialmente aceptada.
Respecto a la posibilidad de abordar mejoras en la sanidad pública y consensuar soluciones, los ciudadanos creen en un 51% que deberían ser lideradas por los profesionales sanitarios, y un 35% por los responsables políticos.
Se trata de un estudio que recoge lo que piensan, perciben, temen y sienten los ciudadanos ante todo lo que sucede, está aconteciendo o leen respecto al Sistema Nacional de Salud y las dudas sobre su sostenibilidad. Para desarrollar el estudio se han realizado un total de 1.200 entrevistas a la población mayor de 16 años y se han cubierto las 17 Comunidades Autónomas, obteniendo un nivel de confianza del 95,5% y un error del ±2,89% para el total muestra.
El estudio, que ha sido presentado por el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y el director del estudio, José María Sansegundo, pone de manifiesto que los ciudadanos son muy conscientes de la situación crítica que atraviesa en la actualidad el Sistema Nacional de Salud.
Según los resultados, el 86,6% de la población entiende que los problemas económicos son graves (56,1%) o muy graves (30,5%). Asimismo, el 64,2% está plenamente convencido de que éstos se van a incrementar en los próximos meses, aunque cabe recalcar que, hoy por hoy, sólo el 31,4% de la población ha percibido alguna deficiencia en la atención sanitaria atribuible a estos. En cuanto a la evolución de la sanidad, los ciudadanos perciben claras mejoras en aspectos como la preparación de médicos o enfermeros, los medios disponibles y la atención recibida. Sin embargo, reciben un suspenso claro la gestión, las listas de espera y la financiación del sistema.
Preguntados por los posibles orígenes de los problemas que arrastra la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, los ciudadanos consideran que (con una nota de 1 a 10, de menos a más influencia) las principales causas son la crisis económica general (7,76), el abuso de algunos usuarios o pacientes (7,12), la mala gestión de sanidad pública (7,03), el envejecimiento de la población (6,34), y el incremento del coste de determinados tratamientos (6,20).
Respecto a quien debería asumir el coste, desde un punto de vista económico, de las medidas necesarias para sacar adelante la Sanidad de sus actuales problemas, el 79% de la población opina que debería hacerlo el Estado y sin restricciones, aunque esto suponga más endeudamiento, porque entienden que se trata de un servicio esencial.
Medidas concretas para salvar el SNS
A pesar de que la mayoría entiende que es el Estado quien debe asumir el coste de la sostenibilidad de la Sanidad, los ciudadanos han opinado también sobre las posibles medidas enumeradas por los expertos y políticos en los últimos años como posibles soluciones a adoptar para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A este respecto se puede señalar lo siguiente:
- El 68,3% ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, mientras que 31,2% lo rechaza de forma taxativa.
- El 66,1% de la población está dispuesto a aceptar que se busquen vías para frenar el gasto como el pago por algunos servicios.
- El 66,8% ve adecuado o muy adecuado que se introduzca formulas de gestión privada siempre y cuando se siga manteniendo la sanidad pública como gratuita para todos.
- El 60,1% de los ciudadanos aceptaría que el Estado, de forma similar a como ocurre con los funcionarios y el modelo MUFACE, permita elegir entre sanidad pública o privada.
De los resultados obtenidos en el estudio, llama especialmente la atención el hecho de que ascienda a casi el 70% (concretamente el 69,8%) el porcentaje de los ciudadanos que preferirían que el Estado recuperase todas las competencias en materia sanitaria, un hecho que podría venir a poner de manifiesto una creciente desconfianza en la actual gestión que están llevando a cabo las consejerías.
Copago, ticket disuasorio y otras "soluciones"
El Estudio del Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería no ha obviado la posibilidad de preguntar a los ciudadanos también sobre las soluciones menos impopulares planteadas en los últimos años. En este sentido, cabe señalar que la medida más aceptada de todas sería la posibilidad de establecer un copago creciente en función de la renta. En este apartado, los resultados han sido los siguientes:
- El 54,8% de la población vería adecuada o muy adecuada la posibilidad de establecer un ticket disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios. Una medida que el 51% de los encuestados considera que sería muy eficaz pero que el 77,2% cree no que no sería socialmente aceptada.
- El 66,2% de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas.
- El 63,5% de los ciudadanos aceptaría que se estableciese un copago creciente en función de la renta.
Una medida que el 50,8% entiende que va a ser necesaria en los próximos años y el 48,6% la ve justa, aunque el 73% entiende que no está todavía socialmente aceptada.
Respecto a la posibilidad de abordar mejoras en la sanidad pública y consensuar soluciones, los ciudadanos creen en un 51% que deberían ser lideradas por los profesionales sanitarios, y un 35% por los responsables políticos.
